En circunstancias normales (el momento actual es cualquier cosa menos normal), yo soy de los que pensaban que no era necesario crear esa figura de subsidio, pues ya existe un abanico de alternativas lo suficientemente amplio como para cubrir todas las necesidades de apoyo a colectivos no ocupados, y, porque, en definitiva, creo que la misión del Estado es fomentar la ocupación de todos los individuos a fin de que sean útiles a sus conciudadanos y a la sociedad en general.
Sin embargo, en la coyuntura actual y a la vista de la tremenda gravedad de la misma, con una necesaria paralización económica, que ya ha provocado que muchos españoles pierdan su puesto de trabajo y, lo que es aún más grave, que ocasionará una destrucción de tejido empresarial de proporciones aún no estimadas, estoy convencido de la necesidad urgente de su implantación, porque la desaparición de empresas hará duradera la destrucción de empleo, y a muchos parados posiblemente se les acabará su derecho de cobro de la prestación de desempleo antes de que puedan encontrar uno nuevo. Ahí tiene la renta mínima vital su función principal.
A grandes males, grandes remedios.
La crisis sanitaria y social del Covid-19 exige una respuesta del conjunto de la sociedad en forma de asegurar un ingreso mínimo vital a los damnificados por ella.
Sin embargo, en el artículo que ayer, sábado, 25 de abril de 2020, publicó el periódico El País, su autor, Jesús Cruz Villalón, hace hincapié en dos aspectos fundamentales que tienen que acompañar el diseño del ingreso mínimo vital. Tiene que ser tal que no desincentive la búsqueda de empleo por parte de su beneficiario, y que, a la vez, no fomente la economía sumergida, que son los dos máximos peligros que conlleva esta forma de subsidio, que pueden hacer caer a sus beneficiarios en el círculo vicioso de no salir nunca de esta forma de vida, subvencionados de por vida y acudiendo al trabajo no declarado.
Aquí se puede acceder al artículo completo.
¡Mucha salud a todos!
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